Resumen: La TGSS recurre contra la sentencia de instancia que concedió el aplazamiento del pago de cuotas devengadas, para lo cual sostiene que la concesión de los aplazamientos de deuda es una facultad discrecional de la TGSS, y que en el caso que nos ocupa no se habría acreditado arbitrariedad alguna en la denegación del correspondiente a los meses de marzo a mayo de 2020; que fue el incumplimiento del requisito esencial de constituir garantía suficiente para la concesión del aplazamiento lo que motivó la desestimación del aplazamiento solicitado; a l oque añade que la concesión de un aplazamiento anterior no puede condicionar el sentido de la resolución de una nueva solicitud. La Sala, que resuelve el recurso de apelación, parte de lo establecido en el artículo 23.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, respecto al aplazamiento de pago, y en el artículo 31.2 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, y concluye que no es suficiente para fundamentar la anulación de la resolución recurrida y conceder el aplazamiento de referencia la mera alegación, contenida en la sentencia apelada, de que "su situación económica (de la entidad recurrente) era similar a la que la misma presentaba en el momento en el que se formularon las solicitudes de aplazamiento de deudas que aquí nos ocupan", sin mayor justificación ni razonamiento. Por ello estima el recurso y anula la sentencia apelada.
Resumen: La Sala estima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que desestimó en la instancia el recurso contra la solicitud de reequilibrio económico referida al contrato por el que se presta el servicio de comedor-cafetería en el campus de una Universidad en régimen de concesión constando la suspensión total del contrato durante un periodo de la pandemia pero se rechaza en la instancia al reclamarse de forma totalmente genérica. Sin embargo, para la Sala el hecho de que la concesionaria no marcara una casilla en un formulario no puede llevar aparejada una consecuencia tan gravosa como la pérdida de obtener el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, aun cuando se dieran las condiciones legalmente previstas para ello. Se reconoce el derecho a la compensación por pérdida de ingresos que sufrió por el cierre de la cafetería pero no los gastos de personal por no haber podido acogerse a un ERTE.
